Panamá recibió una calificación de 35.2/100% en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL)  ocupando la posición 10 de los 13 países medidos en la región y ubicándose por debajo de la media regional.

El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, presentando por Transparencia Internacional Panamá,  califica de manera periódica, independiente y objetiva sobre la existencia y profundidad de políticas de transparencia y apertura en los congresos de Latinoamérica, se basa en 4 principios: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética y probidad en 4 dimensiones. La calificación va del 0 al 100%, siendo la calificación máxima un parlamento transparente y abierto, mientras que de lo contrario es un parlamento opaco y cerrado. El ILTL se mide desde el 2010 y esta es su quinta edición.

Dimensión normativa. 17.5/100% más de la mitad de los ítems evaluados (10 de 18) presentan una evaluación de 0% de cumplimiento ya que no existe normativa, entre otros elementos críticos, sobre registro de declaraciones de intereses y patrimonio, cabildeo o lobby, sobre información de las y los legisladores y garantías para los medios de comunicación.

Dimensión Labor del Congreso. 48.6/100%  No se dispone de registro de reuniones de los legisladores, tampoco de obsequios a lo que debe agregarse la falta de información en materia de asesorías externas sin que se pueda acceder a los documentos que registran esos servicios, ni los contratos e informes respectivos.

Dimensión Presupuesto. 11.8/100%  No es público el gasto de las bancadas o grupos de legisladores, ni informan o dan a conocer sus propuestas técnicas para el ejercicio presupuestal. No se han realizado auditorías externas o internas en el Congreso en los últimos dos años. Tampoco se involucra a la ciudadanía en el diseño del presupuesto.

Dimensión Participación Ciudadana 50/100%. Menos de la mitad de los legisladores presentan informes de gestión ante su circuito electoral. Además, no se puede acceder a los antecedentes profesionales (CV) de todos los legisladores ni a la información de contacto de sus equipos de trabajo.

Frente a la crisis generada durante la pandemia:

Falta de liderazgo y solidaridad con la ciudadanía. Frente a los impactos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia global de COVID19, la Asamblea Nacional no ha emitido hasta el momento una clara política pública de recuperación, especialmente económica y social, y con dimensión de integridad.

Falta de agilidad o adaptabilidad. La respuesta de la Asamblea Nacional a la crisis actual ha sido lenta y burocrática, marcada por disputas internas por intereses políticos. La Asamblea ha tomado un rol secundario en la toma de decisión nacional, cayendo casi en volverse irrelevante para la ciudadanía.

Leah Boersner, de la Fundación Espacio Cívico, manifestó que en el tema de la transparencia y mayores controles, la ciudadanía juega un papel importante, por lo que tiene que activarse para solicitarle al Legislativo tomar la ruta de la transparencia.

Para ello, explicó, la ciudadanía debe ejercer un voto informado en las elecciones generales y estar atenta de lo que ocurre a nivel nacional. También sugirió que se puede contactar al diputado del circuito por medio de cartas, llamadas, reuniones y redes sociales, con el propósito de solicitarle información o exigirle rendición de cuentas.

Actualmente, se está promoviendo la campaña “Yo quiero una #AsambleaTransparente” donde invitan a que cada ciudadano le escriba a su diputado para pedirle mayor transparencia.

Reconoce el efecto negativo de la corrupción en el desarrollo del país y asume una actitud proactiva participando.

Fuentes consultadas.

• Informe Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2020.
• Fundación Libertad Ciudadana.
• Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa.
• Espacio Cívico.
• Diversos medios de comunicación nacionales.