En la década de 1970 Panamá sufría un déficit habitacional enorme y desalentador. Como respuesta solidaria, la administración pública comenzó a diseñar desarrollos inmobiliarios que brindaran soluciones residenciales en barriadas tipo Roberto Durán o Cerro Batea en el distrito de San Miguelito.

Rápidamente quedó demostrado que este modelo de intervención estatal no era sostenible. Gracias a la visión de varios actores públicos y privados, se identificó rápidamente que la banca podía jugar un papel determinante en la atención de la necesidad social de acceso a vivienda lo cual, a su vez, promovería el crecimiento de la industria de la construcción. Esto permitiría al gobierno salirse de la ejecución de proyectos inmobiliarios en los que no era eficiente y enfocar sus recursos en la implementación en temas reservados a la gestión pública.

¿Cómo estimular a los bancos a prestar a menor costo para lograr que miles de panameños tuviesen residencia principal propia? Y por otro lado, ¿cómo motivar a las personas a endeudarse a largos plazos para tener una vivienda propia?

La respuesta se plasmó en la ley donde se crean los “intereses preferenciales”, y que resultó ser un exitoso esfuerzo del sector gubernamental por reactivar la economía, apoyando a las familias panameñas a adquirir sus viviendas. 

 Esta ley logró insertar en la cotidianidad panameña la meta de reducir el déficit habitacional a través de la promoción de financiamiento manejable para el comprador con la presentación de un subsidio que cubriría parte del costo financiero de adquirir una propiedad.

En dicha ley se introducen conceptos que prevalecen en el sistema por más de 35 años, y que son los pilares de un esquema sostenible, donde se beneficia la persona y familia que accede al crédito preferencial, así como todas las actividades del sector privado relacionadas con el proceso: financiamiento, construcción, consumo de bienes y servicios. Estos sectores al verse fortalecidos generan más empleo, y por ende alimentan un circulo virtuoso del cual se beneficia toda la economía y por ende toda la sociedad.

Si el sistema facilita y ofrece un precio accesible a vivienda, las personas elevan su calidad de vida al tener una vivienda propia digna, y con los recursos que destinaban a alquiler o a altos costos de compra de propiedad, pueden invertir en educación, salud, disfrute o emprendimiento de un negocio.

Los parámetros de acceso a crédito y niveles de intereses preferenciales han sufrido varias modificaciones a lo largo de los años. En la actualidad, hay un tope de $180,000 para que los compradores reciban el beneficio de la tasa subsidiada.

El efecto positivo y multiplicador de la activación económica de este apoyo  las familias panameñas es incuestionable, así como el valor que podría tener en planificación urbana, cuido ambiental o cierre de brechas sociales. Por eso es muy importante que el tema sea acompañado con un análisis de cómo una intervención estatal puede mejorar la calidad de vida del ciudadano y cómo impactan otros factores que influyen en la desigualdad, los patrones de consumo, las condiciones para la educación, el acceso a la salud, la cultura de ahorro, los esquemas de convivencia y los valores ciudadanos.

Si has sido beneficiario de intereses preferenciales de vivienda, ¿has hecho el ejercicio de identificar todo lo que lograste con el ahorro que te permitió el acceso a menores tasas de interés?

Fuente: Insumos Análisis Carlos Araúz